El golpe de Estado continuado contra el pueblo y la revolución bolivariana en dos tiempos

AVN.- Más de una década después, el golpe que sectores económicos, mediáticos y militares dieron al gobierno popular comandado por el Presidente Hugo Chávez, se repite, ahora, contra el primer mandatario obrero del país, Nicolás Maduro, quien por mandato popular, continúa el legado de Chávez, líder de la Revolución Bolivariana en Venezuela.

A 12 años del golpe contra Chávez, ocurrido el 11 de abril de 2002, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado el rebrote de una corriente fascista en el país. Reiteradamente, ha hecho un llamado al diálogo y ha señalado que las acciones terroristas de grupos de extrema derecha emprendidas desde el pasado 12 de febrero representan un golpe de Estado continuado que proviene de los círculos de poder del Gobierno de Estados Unidos, e involucra a las cúpulas empresariales venezolanas, tal como en 2002.

Asimismo, el jefe de Estado ha denunciado que medios de comunicación de propiedad privada ejecutan una campaña nacional e internacional que vende al mundo la idea de una Venezuela en caos. En 2002, su argumento era el de una "dictadura". En la actualidad, mantienen tal versión, con el añadido de que "la lucha" contra el régimen la realiza "un grupo de estudiantes pacíficos y desarmados", ocultando que se trata de bandas entrenadas por paramilitares y contratadas por partidos políticos de ultraderecha, como ha sido confirmado por el Ministerio de Interiores, Justicia y Paz.

Estos grupos violentos comenzaron su plan de ataque dirigidos por la ex diputada María Machado, el detenido Leopoldo López y el alcalde del área metropolitana, Antonio Ledezma. Su accionar causó la muerte por asesinato de 37 de los 39 fallecidos que ha dejado la ola de violencia de estas bandas terroristas.

Medios, eje articulador

Como ahora, en 2002 los acontecimientos estuvieron signados por informaciones poco claras con las que se intentó hacerle creer a la población que el Ejecutivo había ordenado reprimir a los ciudadanos y, a su vez, se incitaba a usurpar ilegalmente el poder con el que Chávez había arribado al Palacio de Miraflores, luego de ganar las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998, con 56,20 % de los votos.

Los canales privados Venevisión, Globovisión, Radio Caracas Televisión, Televen y televisoras internacionales como CNN, fueron parte de ese eje articulador del primer golpe mediático de la historia. El 11 de abril los medios no tuvieron como objetivo informar sino actuar con fines políticos.

Este golpe mediático estuvo apoyado por mercenarios, representantes de la oligarquía más conservadora nacional y una parte de la cúpula militar que desató la ruptura del hilo constitucional en Venezuela ese 11 de abril de 2002, cuando el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, fue secuestrado en medio de una espiral de violencia que se esparció en el centro de Caracas.

Los promotores del golpe tuvieron su principal motivación en el interés de recuperar el control de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), luego de la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada por Chávez -junto a 49 leyes habilitantes- para cumplir con el mandato constitucional de lograr la soberanía petrolera de Venezuela.

El detonante golpista

Con el objetivo de reactivar la economía nacional dependiente, improductiva y desarticulada, como consecuencia de la "economía de puerto" del puntofijismo, en febrero de 2002 el jefe de Estado cambió la plana mayor de Pdvsa - ganada a privatizar la industria-, lo cual que desencadenó la protesta de este grupo.

Durante más de tres meses las exportaciones se vieron mermadas creando un enorme déficit e inflación en el país, por lo que el Gobierno Nacional resolvió importar gasolina para cubrir la cuota nacional, mientras el pueblo venezolano debía hacer largas filas para llenar el tanque de sus vehículos.

En conjunto, la cúpula de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), empresarios, la jerarquía de la iglesia católica, algunos partidos políticos, prensa, radios y televisoras privadas de Venezuela y Fedecámaras convocaron una huelga general de carácter indefinido el 9 de abril para forzar la renuncia de Chávez, en protesta contra las leyes de Tierras, de Hidrocarburos, de Pesca, además de otros instrumentos jurídicos aprobados vía habilitante.

Esas normativas eran imprescindibles ya que al asumir la presidencia de la República, el mandatario heredó un Estado quebrado, una sociedad en la que más del 70 % de la población vivía en la pobreza y había sido manipulada y estafada por los partidos políticos tradicionales y la oligarquía; al tiempo que el barril de petróleo se cotizaba en 8 dólares.

A ello, se sumaban los altos niveles de desempleo y subempleo, inflación por encima del 80%; la tendencia decreciente de los salarios y la segura privatización de las empresas estatales, como Pdvsa, la venta de la empresa del acero, mientras que la del aluminio estaba en proceso. Esa desigual realidad marcó lo que Chávez denominó, al jurar como Presidente electo, "emergencia social", que ameritó firmar los decretos-ley, contrarios a los intereses privatizadores de sectores burgueses.

Así las cosas, el 10 de abril, la CTV convoca una marcha y cuenta con el respaldo del cerco informativo de los medios de comunicación que daban por decantado un paro general del país que en la práctica era inexistente.

En horas de la noche, la cúpula del referido gremio, junto a los dueños de empresas y sectores políticos de la oposición, acuerdan extender la supuesta huelga general por tiempo indefinido y convocan a una marcha para el 11 de abril, que saldría desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en el este de Caracas, hasta la sede de Pdvsa-Chuao, justificando la acción con el argumento de apoyar a la "meritocracia petrolera", que había estafado la nación con groseros privilegios devenidos en una crisis socioeconómica.

La confrontación y el escenario mediático

El 11 de abril, las protestas se convirtieron en disturbios, y la marcha antichavista, como estaba previsto en el plan golpista, fue desviada de su recorrido para dirigirla hacia el palacio de Miraflores, a sabiendas de que desde tempranas horas miles de simpatizantes se encontraban concentrados alrededor de la sede del Gobierno de Venezuela en defensa de la Revolución y del presidente Chávez.

En paralelo, los medios de comunicación privados intentaban convencer a la audiencia de que el paro había sido acatado, especialmente en Caracas y transmitían imágenes pregrabadas, a las que insertaban la frase "en vivo y en directo", que mostraban calles desoladas.

Por su parte, el diario El Nacional titulaba: "La batalla final será en Miraflores". Del mismo modo, el título destacado en la portada de El Universal fue "CONFLICTO TOTAL", antecedido del rótulo "Guerra de desgaste". En las páginas del cuerpo 1, se leían encabezados como "La violencia se apoderó de occidente" y "En Oriente se prendió la mecha". Mientras, El Nuevo País no titubeó en su línea editorial y tituló: "Los militares tienen la palabra".

Asimismo, para la historia quedarían los nombres de los periodistas Lourdes Ubieta, amiga del empresario Isaac Pérez Recao; Javier Ignacio Mayorca, de El Nacional; y Otto Neustald, periodista de CNN, quienes grabaron las declaraciones de 10 oficiales de alto rango, que serían publicadas posteriormente y en las que se pronunciaban sobre unos francotiradores y unas muertes aún sin suceder.

Horas después, en el centro de Caracas, muertes, heridos y enfrentamientos acaecían mientras que los medios privados anunciaban: "Pistoleros chavistas en Puente Llaguno disparan contra la marcha opositora".

Estas corporaciones sustituyeron su programación habitual con un operativo conjunto, sin interrupciones, de la marcha opositora y no informaron acerca de lo que ocurría, no solo en las calles aledañas a Miraflores, sino también en las avenidas Urdaneta, Baralt, Puente República y El Silencio, donde miles de personas saturaban con su presencia esos espacios en apoyo al proceso revolucionario y de su líder, Hugo Chávez.

Masacre popular sin precedentes

Luego de desviarse de su ruta inicial, al aproximarse al centro de Caracas, la marcha opositora se tornaba cada vez más violenta y el plan golpista seguía en marcha. Funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) y francotiradores ubicados en las azoteas de los edificios, se apostaban para generar los muertos que justificarían el golpe.

De acuerdo con el libro La Revolución en la República Bolivariana de Venezuela. Cronología año 2002, tomo II, "mucho antes de que existiera el riesgo de confrontación entre los dos grupos, la Brigada Motorizada y la Unidad Blindada de la Policía Metropolitana (PM), conocida como 'Ballena', actúan como brigada de choque contra los manifestantes que apoyan al Gobierno Bolivariano. Puente Llaguno, en la avenida Urdaneta y la avenida Baralt, se transforman en escenario de dolor. En el interior del Palacio Blanco cae con un tiro en la cabeza Tony Velásquez, funcionario de la Disip, quien marca el inicio de las víctimas por la acción de francotiradores ubicados en los edificios adyacentes a ambas avenidas".

Una vez ubicados en el centro de la ciudad, manifestantes de ambos lados fueron emboscados. Militantes revolucionarios apostados en Puente Llaguno intentaron resistir ante la ráfagas de disparos que provenían desde la avenida Baralt y las azoteas. La narrativa de estas imágenes fue manipulada por los medios de comunicación privados, para responsabilizar al presidente Hugo Chávez de los 19 muertos que había dejado la masacre y los más de 100 heridos.

La PM, dirigida por los comisarios Henry Vivas, Iván Simonovis, Lázaro Forero y el alcalde Alfredo Peña, incumplió los acuerdos de mantener los cordones de seguridad e impulsó la confrontación.

Minutos después se mostraba un pronunciamiento pregrabado, en el que miembros de la dirigencia golpista del alto mando militar le pedían la renuncia a Chávez y amenazaban con bombardear el Palacio de Miraflores.

Luego de horas de tensa situación y de incesante campaña mediática, el comandante Chávez decide entregarse para evitar un derramamiento de sangre, al tiempo que las fuerzas golpitas mostraban, sin prueba alguna, una supuesta renuncia del jefe de Estado.

Un día después, el 12 de abril, Pedro Carmona Estanga, entonces presidente de Fedecámaras, se autojuramentó como presidente de la República. Su primer acto oficial fue la disolución de los Poderes Públicos, la destitución de los gobernadores, alcaldes y concejales, la remoción de todos los embajadores, cónsules y vicecónsules, Misiones Permanentes Diplomáticas, así como la eliminación de las 49 leyes habilitantes, y el cambio de la Constitución, al reponer el nombre de República de Venezuela, quitándole la condición de Bolivariana.

Un silencio mediático se impuso para acallar la voz del pueblo enardecido que, en rebelión, exigía el regreso del presidente Chávez. Comenzaba así la brevísima dictadura fascista y reaccionaria de un Gobierno de facto presidido por Carmona Estanga quien el 12 de abril, a las 5:00 am, anunció al país que había sido nombrado jefe de un gobierno de transición.

Mientras tanto, Chávez permaneció secuestrado durante 36 horas en La Orchila, tiempo en el que fue presionado para firmar su renuncia a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual no aceptó.

El diálogo

Tras ser devuelto por el pueblo a la presidencia, Chávez abrió espacio para el diálogo con todos los sectores del país.

Como Chávez, el Presidente Nicolás Maduro, instaló el 26 de febrero de este año la Conferencia Nacional de Paz, con capítulos para el encuentro de los grupos económicos, mediáticos y de oposición.

La iniciativa, dirigida a la participación ciudadana, ha convocado a la oposición venezolana que, tras ocho semanas de llamado por parte de Maduro, aceptó dialogar. Los dirigentes de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, Henri Falcón y Omar Barboza, acudirán este jueves a una reunión ampliada con el Gobierno nacional, luego del encuentro exploratorio realizado el martes 8 de abril.

Este logro del Ejecutivo y la voluntad de los venezolanos para hacer la paz queda confirmada. Ante los asesinatos y el asedio de grupos de ultraderecha, la estabilidad de la República ha sido preservada por el poder popular.

Esta nueva fase de dialogo ha contado con el respaldo de la comunidad internacional y, en ese sentido, la labor de acompañamiento que ha ejercido la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) es insoslayable, con las dos visitas oficiales que ha realizado desde el pasado 25 de marzo una delegación de cancilleres del referido mecanismo de integración regional.

La actitud solidaria con el pueblo venezolano quedó expresa este martes en la mesa de diálogo con la presencia de los cancilleres Mariangela Holguín (Colombia), Ricardo Patiño (Ecuador) y Luis Figuereido (Brasil).

El Presidente Maduro ha propuesto hacer de este diálogo un proceso de respeto y coexistencia entre los dos modelos propuestos en el país, el del Gobierno socialista y el de la oposición de enfoque neoliberal.