Ana Rodríguez Mayorga /Prensa Gobernación.-Con el propósito de garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenasde región, la gobernadora revolucionaria Yelitza Santaella, a través de la Dirección de Atención al Indígena del Estado Monagas (Daiem), conformó una comisión que visitará las zonas en las que algunos miembros de estas etnias viven en condiciones de calle en el municipio Maturín.
La idea es realizar asambleas durante el mes de junio a fin de redactar un diagnóstico que permita brindar soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Así lo explicó Magda Marcano, directora del Daiem, tras culminar una reunión con representantes de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Indígena, Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas (Clsem), Misión Negra Hipólita, Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), la alcaldía de Maturín, Consejo Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otros.
La funcionaria indicó que, por instrucciones directas de la Gobernadora, serán atendidas los indígenas que viven al aire libre en la plaza Ruiz Pineda del mercado de Los Bloques y sus adyacencias, al igual que los del terminal Interurbano de Maturín.
“Defender los derechos de nuestros hermanos ancestrales es responsabilidad de todos los venezolanos,pues ellos forman parte de nuestra historia, de nuestropresente y del futuro del estado y del país. Es por ello que velaremos por su bienestar y, en especial, por el de los niños, niñas, jóvenes y los ancianos, que son los más perjudicados en esa terrible situación”.
Marcano aseguró que las comunidades indígenas siempre demandan elevar los niveles socio productivo en sus zonas para evitar la emigración de sus integrantes.
Entre tanto, Eglys Rendón, representante indígena por el Clsem, informó que la mayoría de los nativos que residen en espacios públicos del municipio capitalino provienen del estado Delta Amacuro y que, en lo posible, intentarán crear nexos con el gobierno deltano para evitar el traslado de estas personas e impedir una posible explotación laboral, comercial o de otro tipo.
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