Monagas avanza en la lucha para vencer al contrabando

José Ignacio Piñango/ Prensa Gobernación.- Con la finalidad de combatir el contrabando, el Gobierno nacional ha puesto en marcha un plan estratégico para enfrentar este flagelo, emprendido por las mafias internacionales con los rubros alimentarios, combustibles y maderas que son destinados al pueblo venezolano.

La gobernadora revolucionaria, Yelitza Santaella, siguiendo los lineamentos del presidente obrero, Nicolás Maduro, ha tomado medidas en los municipios fronterizos con Trinidad y Tobago y la Guyana Esequiva, por ser los sectores por donde más se extraen alimentos sin autorización del Estado.

Carlos Flores, diputado a la Asamblea Nacional, explicó que entre las medidas implementadas por el gobierno revolucionario de Monagas se han colocado nuevos puntos de control en los municipios Libertador, Sotillo y Uracoa, por ser las localidades con mayor índice de contrabando de alimentos, combustible y maderas del estado.

Flores detalló que se articularán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Sebin, Dimy los cuerpos de seguridad. 

También informó que se está trabajando de manera articulada con los estados Sucre y Delta Amacuro, por la venta irregular de alimentos y combustible que salen por las fronteras, y así poder acabar con el contrabando que azota al pueblo venezolano.

De igual forma, detalló que las mafias internacionales que operan en el estado están utilizando a los hermanos indígenas para contrabandear los alimentos que les son llevados para su beneficio. 

Flores acotó que la situación en el estado Monagas es mínima, pero se debe seguir trabajando para acabar con este flagelo que ataca a los monaguenses. Según lo expresado por el diputado Flores, el contrabando en Monagas gira en torno a la extracción de madera, combustibles y alimentos, pero esperan desaparecer las mafias que operan en los estados orientales, ya que la mayor parte de estos rubros se fugan por Sucre, Delta Amacuro y Monagas.

Este tipo de operaciones contra el contrabando se están realizando en todos los estados fronterizos, para así obligar a que los alimentos se queden dentro del país, ya que son bienes de los venezolanos.